A partir del 2 de agosto, España comenzará a implementar la Directiva Europea de Conciliación, que establece un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para los padres desde el nacimiento de un hijo hasta los 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 hasta que el gobierno de coalición acuerde los términos.
Esta directiva, aprobada en 2019, exige que todo trabajador tenga derecho a un permiso parental de al menos cuatro meses antes de que el niño cumpla 8 años. De ellos, dos meses son intransferibles y deberán ser sancionados en caso de no cumplirse. Por ahora, el gobierno tiene una reserva adicional hasta agosto para adaptarse a estos requisitos.
El derecho de familia ya reconoce este derecho, pero aún está por determinar cómo y cuándo se financiará, lo que deja en suspenso el pleno cumplimiento de la directiva. Los funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciarán al salario de cuatro semanas, aunque algunos miembros del gobierno ya lo han hecho.
El vicepresidente de Sumar, Carlos Martín Urisa, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia remunerada: 14 por parto y 8 por cuidado antes de que el niño cumpla 8 años. España ofrece actualmente 19 semanas, divididas en 16 semanas para el parto y 3 semanas adicionales para la lactancia.
El PSOE propone ampliar el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas y garantizar el pago de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al gobierno alrededor de 250 millones de euros por semana salarial. Además, si las disposiciones no se transponen a tiempo, la multa puede alcanzar los 53.600 euros diarios.
Hay muchas dudas e incertidumbre entre trabajadores y empleadores sobre cómo se financiarán estos permisos. Según Katarina Kapeans, especialista en derecho laboral, aunque la ley reconoce el derecho, no especifica cómo se debe pagar. Esto ha creado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estos permisos y su costo.
Mamen Sánchez, asesora laboral, también destaca que la falta de claridad sobre cómo se implementarán estos permisos ha creado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad del pago recae en el Estado, pero es necesario un desarrollo normativo que lo haga viable, con el objetivo de cumplir plenamente la directiva en 2025.
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