El 20 de mayo de 2025 comenzó a aplicarse en España una nueva normativa de Extranjería, ratificada a través del Real Decreto 1155/2024. Esta modificación constituye la renovación más importante en el ámbito migratorio desde 2011, con el fin de hacer los procedimientos más sencillos, aumentar la seguridad jurídica y promover la inclusión de las personas extranjeras en la nación.
Entre las actualizaciones destacadas se incluye la clasificación de los visados en cuatro tipos: tránsito aeroportuario, corta estancia (hasta 90 días), larga estancia (estudios, trabajo o residencia) y búsqueda laboral. Este último concede la posibilidad de residir en España de manera legal durante un año para encontrar empleo, sin tener que abandonar el país para obtener un permiso de trabajo.
El nuevo reglamento incluye cinco modalidades de arraigo: social, laboral, familiar, educativo y de segunda oportunidad. Esta última facilita la regularización de personas que en los dos años pasados tuvieron un permiso de residencia y no lo renovaron.
Además, se amplía la posibilidad de que los estudiantes extranjeros trabajen hasta 30 horas semanales y se mejora la reagrupación familiar, facilitando la residencia de familiares de personas con nacionalidad española.
No obstante, la puesta en marcha del reciente reglamento ha causado retos en las operaciones. En la Región de Murcia, por citar un ejemplo, los sindicatos CCOO y CSIF han reportado el colapso en la Oficina de Extranjería, con esperas para citas que exceden los 60 días, y procedimientos que podrían tardar meses. Ambos sindicatos exigen la creación de 50 nuevos puestos debido a un aumento del 40% en la carga laboral.
Para enfrentar las críticas y abordar las situaciones de vulnerabilidad no previstas en el reciente reglamento, el Gobierno ha promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha sido avalada por más de 600.000 firmas, y que pretende dar un estatus legal a alrededor de 400.000 inmigrantes en situación irregular. Esta propuesta, que todavía debe ser aprobada en el Congreso, tiene gran apoyo social y responde a una necesidad clara: asegurar los derechos de miles de personas y atender los requerimientos económicos del país.
El reciente Reglamento de Extranjería simboliza un avance significativo hacia una política de migración más inclusiva y acorde con las necesidades contemporáneas de España. Sin embargo, su éxito estará determinado por la habilidad del Estado para ejecutar las reformas de manera eficiente y asegurar que las ventajas alcancen a todas las personas migrantes, sobre todo a las más desfavorecidas.
